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Trabajadores afectados por el cierre de la constructora Marbar piden que se busque al propietario huido tras la quiebra

Los 55 trabajadores afectados por el cierre por sorpresa de la constructora Marbar, ubicada en la parroquia de Santa María de Tebra, en el municipio de Tomiño, han pedido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado busquen al dueño de la empresa huido tras su quiebra. Así lo indicó a Efe el responsable de CIG-Construcción Xulio Vicente González, quien señaló que existen «motivos suficientes» para que el delegado del Gobierno de Galicia, Manuel Ameijeiras, ordene esa búsqueda y captura de Manuel M. B.

Desde CIG se asegura que la constructora Marbar debe unos 25 millones de euros a la entidad financiera Caixanova, una cifra que se incrementa considerablemente teniendo en cuenta que existen unas 300 familias afectadas por pisos en construcción y no acabados. González calcula que la «fuga» del dueño de la constructora se traduce en alrededor de unos 50 millones de deudas. Esas familias viven en zonas en municipios pontevedreses como Tomiño o A Cañiza. «Marbar» cuenta con una plantilla de 56 empleados directos (55 obreros más el hijo y apoderado) y con unos 200 empleos indirectos (electricistas, fontaneros o escayolistas) también afectados por esta quiebra. La constructora posee dos naves en la parroquia de Santa María de Tebra y una cantera en Santa María de Oia.

Los empleados se enteraron del cierre y la huida del jefe el pasado lunes cuando al incorporarse a sus puestos de trabajo el hijo les comunicó que por «dificultades económicas» se había tomado esa decisión. Responsables de Inspección de Trabajo de Vigo solicitaron ayer a la delegación provincial de Hacienda la situación patrimonial del dueño de Marbar. Los operarios establecen turnos en una de las naves de Santa María de Tebra para evitar que los familiares del dueño puedan llevarse maquinaria y vehículos de valor. Según el sindicalista, permanecen encerrados en esa nave hasta que el juez tome la decisión de declarar un embargo «preventivo» sobre todas las propiedades de su jefe.

Precisamente, CIG prosigue formalizando las 55 demandas de los trabajadores para obtener ese embargo. El hijo del dueño, también apoderado de la empresa, comunicó a los trabajadores su propósito de «solucionar» este asunto, pero este extremo es «bastante difícil», indicó González, ya que el dueño de Marbar retiró todo el dinero que poseía en el banco. El hijo del dueño también entregó a los operarios las notificaciones correspondientes para que puedan acceder al paro y a otras ayudas subsidiarias.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia:

Tanto a Administración autonómica como a Inspección de Traballo permanecen polo de agora á espera das disposicións xudiciais que se adopten en relación co inesperado peche da empresa Marbar, con sede en Tomiño.

A Inspección de Traballo tivo a notificación do cese da actividade o pasado luns pola mañá, a través dos propios traballadores da construtora. Concretamente os operarios da canteira levaban 15 días de vacacións, e na xornada na que se reincorporaban ao traballo constataron a ausencia de maquinaria.

Ata alí trasladáronse inspectores de Traballo, xunto con técnicos da Consellería, que dedicaron a xornada a estudar como estaba conformado o grupo empresarial (integrado por 4 entidades). No día de onte, tras manter unha reunión cos representantes sindicais e co conxunto dos traballadores afectados, certificaron peche empresarial sen comunicación, sen regulación de emprego nin despido colectivo.

A Inspección de Traballo constatou ademais que os traballadores recibiron onte unha carta de despido e o certificado de empresa a través dunha asesoría laboral da empresa, aínda que se descoñece quen tomou a iniciativa para que se fixese esta comunicación formal, dado que o dono da empresa segue desaparecido. En posesión desta documentación, os traballadores están agora en disposición de recibir unha prestación por desemprego.

Á parte, haberá actuacións paralelas por parte dos servizos xurídicos dos traballadores, que en primeiro lugar se encargarán de estudar todas as consecuencias da paralización da actividade. O xuíz que se encargue do caso deberá dirimir que responsabilidades se derivan deste cese de actividade empresarial sen comunicación.