Los suicidios de jóvenes de dos en dos

Una semana más hemos visto como dos hermanas han tomado la drástica decisión de ponerles punto final a sus breves vidas. Ocurrió el pasado viernes en Oviedo, cuando éstas en lugar de dirigirse a su colegio cómo cualquiera otro día, subieron dos pisos más arriba en su edificio para precipitarse desde el balcón. Ellas eran tan conscientes de su trágico final que ya les habían dejado una nota en su casa a sus padres anunciándoles sus intenciones.

Es muy amargo cómo algunos jóvenes deciden dejar de existir por no encontrar solución a los problemas que oprimen sus mentes. En España existen múltiples dispositivos para atender este tipo de llamadas de auxilio. Uno de ellos además les permite su anonimato, se llama Teléfono de la Infancia, y de él Galicia fue su primera sede. Hoy este punto de conexión entre la ciudadanía y las administraciones está extendido por toda Europa bajo un único número, el 111 116.

En nuestra comunidad, éste funciona dentro de un operativo que reúne todos los teléfonos de la Administración gallega destinados a ayudar a diversos colectivos (menores, mayores, mujer, etc.), mientras en la mayor parte de las comunidades españolas esta función la cumple por derivación la entidad social ANAR. En su último informe, ésta revela que el número de casos de conductas suicidas consultados a través de sus teléfonos ha experimentado un crecimiento de un 1.921,3% entre 2012-2022. Estos datos denuncian que en tan sólo diez años, el tema del suicidio ha pasado de ser prácticamente anecdótico entre nuestros jóvenes a considerarse socialmente muy relevante. No obstante, dentro de este periodo, la incidencia ha sido mayor tras el post-COVID-19, es decir, entre 2020 y 2022, en que se ha incrementado el 128%. Algunas de las claves de este exagerado crecimiento las apuntan los redactores del estudio. De ellas hay que destacar el aislamiento producido por la pandemia, algo que afectó no sólo a los menores sino también a los mayores por el dramatismo y la tensión con que se vivieron la escasez social de soluciones sanitarias y la gestión individual de los problemas del día a día. A esto hay que añadirle el incremento del maltrato intrafamiliar que se produjo, sobre todo en aquellas familias cuya convivencia ya no era demasiado normal o cuyos miembros no eran capaces de sobrellevar adecuadamente su estrés durante el confinamiento.

Otro factor importante fue el hacinamiento al que se vieron sometidas muchas familias, es decir, la falta de espacio para que todos sus convivientes pudieran disfrutar de tiempos de una cierta y necesaria intimidad. Todo este caldo de cultivo se vio, y aún se ve, acentuado por las escasas posibilidades de que dispone la población española para consultar cuestiones de salud mental. Unas dificultades que si ya son un gran reto para los adultos, para un niño o un joven se convierten en trascendentales ante cualquier conflicto de apariencia insuperable.

Los gestores de los teléfonos tutelados por ANAR apuntan que "las estadísticas de suicidio de menores de edad serían aún más escalofriantes en España si ANAR no hubiese salvado [durante esos diez años] a esos casi 750 niños, niñas y adolescentes y a los 1.961 más que atendimos desde nuestras Líneas de Ayuda cuando ya estaban planificando su suicidio". Sin embargo, aunque esto nos pudiera suponer un alivio para nuestra angustia colectiva, no lo es, máxime cuando, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se producen anualmente más de 300 suicidios de jóvenes menores de 29 años.

Mucho queda todavía por hacer tanto en la salud mental en general, como entre la de los jóvenes. Y sólo como una punta de este inmenso iceberg, hay que decir que la población española sigue sin disponer de unos servicios sociales y de salud que les ofrezcan un mínimo de atención a sus problemáticas, ya sea en centros hospitalarios o de sociales o de forma ambulatoria. La salud mental de todos los españoles seguirá en riesgo mientras las Administraciones no le hagan suyo el problema y no lo atajen creando las plazas de profesionales y de residencias necesarias para abordar los casos más graves. Y esto es tan imperativo, como que, según un exhaustivo estudio de la Confederación Salud Mental, un 14,5% de los españoles tiene ideas suicidas o han tenido tentativas de quitarse la vida casi un 10% admiten que se autolesionan.